lunes, 7 de enero de 2013

Comienzan las rebajas de invierno 2013



LA UNION DE CONSUMIDORES DE BURGOS-UCE REALIZA UNA SERIE DE ADVERTENCIAS PARA LA CAMPAÑA DE REBAJAS DE INVIERNO DE 2013 

Hoy, día 7 de enero de 2013, han comenzado las rebajas de invierno. No obstante tratarse de la fecha legal de inicio de rebajas, la actual situación de crisis económica explica que los comercios de la provincia lleven desde hace meses ofertando descuentos especiales.

Como en campañas anteriores desde UCE Burgos queremos recordar a los burgaleses que los productos que se ponen a la venta en esta época tienen que ser los mismos que se están vendiendo el resto del año, y el precio rebajado debe de ser el que constaba en el producto el mes anterior al periodo de rebajas. Los productos no pueden tener taras, ni peor calidad.

La rebaja afecta a los precios, no a la calidad de los productos.

ES PRECISO RECORDAR A LOS COMERCIANTES QUE CONFORME A LA
LEGISLACIÓN VIGENTE:

No podrá ser objeto de rebajas:

• Los productos que no se hayan puesto a la venta en condiciones de precio ordinario, con anterioridad.

• Hemos de tener en cuenta que los artículos ofrecidos en rebajas deben haber estado incluidos durante al menos un mes en la oferta habitual del establecimiento y no haber sido objeto de otro tipo de promoción.

• La venta de los productos deteriorados o adquiridos con objeto de ser vendidos a precio inferior al ordinario.


La duración máxima de las rebajas es de un máximo de dos meses, (y un mínimo de una semana) ininterrumpidos, a elegir por el comerciante dentro de las fechas concretas que fija la Junta de Castilla y León.

Las fechas de inicio y fin de la venta en rebajas deben estar expuestas en los establecimientos comerciales en un lugar visible al público.


La Unión de Consumidores de Burgos, RECOMIENDA como todos los años, que en igualdad de condiciones, garantías, calidades y precios, COMPRAR EN BURGOS, ya que de esa forma quedan en nuestra provincia las plusvalías, que volverán a ser invertidas aquí y, por lo tanto, generar riqueza y bienestar entre nosotros.

Finalmente desde UCE-Burgos recordamos algunos consejos prácticos a tener en cuenta a la hora de hacer nuestras compras en rebajas:

1. Haga una lista de lo que quiere comprar. De este modo evitará compras impulsivas de cosas que no necesita.
2. La calidad del producto rebajado debe ser igual a la anterior a las rebajas. Se rebaja el precio, no la calidad.
3. En los establecimientos, en los que habitualmente se aceptan tarjetas de crédito, deben seguir haciéndolo asimismo durante las rebajas.
4. Exija siempre el ticket de caja o la factura de compra, ya que es indispensable para poder hacer cualquier tipo de reclamación posterior.
5. Todos los artículos deben estar marcados con el precio anterior al inicio de las rebajas y el precio rebajado o porcentaje de rebaja, para que no exista duda alguna sobre la cuantía de la rebaja.
6. No existe normativa que permita a los comerciantes rechazar devoluciones justificadas de productos comprados en rebajas. Los establecimientos deben seguir la misma norma aplicada en el resto del año.
7. La publicidad de los productos está considerada cláusula contractual, por lo que es obligado el cumplimiento de todo lo que se publicita.
8. Si Ud. cree que sus derechos han sido vulnerados, reclame.
9. Procure, siempre que sea posible, comprar en establecimientos adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, ya que éstos ofrecen más garantías al consumidor a la hora de hacer cualquier reclamación.


sábado, 8 de diciembre de 2012

SONDEO PREVISIÓN DEL GASTO NAVIDEÑO UNIÓN DE CONSUMIDORES DE CASTILLA Y LEÓN-UCE

SONDEO PREVISIÓN DEL GASTO NAVIDEÑO
UNIÓN DE CONSUMIDORES DE CASTILLA Y LEÓN-UCE

El estudio sobre intención de gasto en estas Navidades por cada castellano y leonés alcanzará de media, 561,33 euros lo que supone un descenso cercano al 20% sobre el año anterior.

Disminuye el gasto en todos los conceptos evaluados.

Valladolid, 3 de diciembre de 2012. Los castellanos y leoneses prevén gastar un 18,88% menos que el año pasado en festejar las Navidades. Así se desprende del sondeo realizado por la Unión de Consumidores de Castilla y León  donde se ha preguntado por la intención del gasto de cara a las próximas Navidades en las nueve capitales de nuestra Comunidad. Es necesario hacer hincapié en que se trata de datos sobre la previsión del gasto y no del gasto real; pues por lo general al terminar las fiestas el desembolso puede ser apreciablemente mayor.
En una primera aproximación a los datos obtenidos destaca el fuerte retroceso apreciado en “ocio y diversión “y “regalos” con un -37,87% y un -47,14% respectivamente.

La situación económica se manifiesta con mayor crudeza en este año, situándose el gasto medio en los 561,33€. Son unos 130€ menos que las navidades anteriores.

La mayor partida corresponde a los productos de alimentación para las cenas y comidas navideñas en el hogar. Para este concepto la previsión del gasto es de 174,88 € por persona. Le sigue, como novedad en este año, el gasto en loterías con 116,88€ que con un -5,74% es el apartado que menos reducción ha tenido después  de “comidas en el hogar”, pasando “ocio y diversión” (cenas fuera de casa, salidas nocturnas,…) al cuarto lugar cuya cantidad asciende a 94,44€ €,  que junto a “regalos”  aparecen, como ya se ha apuntado, con un fuerte descenso; menos acusado es el referido a juguetes (-8,09%) con 94,66€ situándose en el tercer lugar en cuanto a gasto.

En el sondeo se han tenido en cuenta otros gastos adicionales durante la Navidad, como por ejemplo el consumo de telefonía , calefacción y desplazamientos. A este concepto se asigna una partida de 26€.que en valor absoluto supone un 4,63% sobre el total manteniendo las mismas cifras del año anterior donde ya sufrieron una más que considerable reducción.

Tipo de gasto
Euros
% S/Total
Loterías
116,88
20,82
Cenas y comidas navideñas
174,88
31,16
Ocio, diversión
94,44
16,83
Regalos (no juguetes)
54,44
9,70
Juguetes
94,66
16,86
Otros (telefonía)
26,00
4,63

Total

561,33
100
            Elaboración propia.

La Unión de Consumidores de Castilla y León recuerda la importancia de ejercer un consumo responsable, para ello, aunque sea reiterativo, ofrece algunos consejos:

1.    No dejar las compras para el último momento.
2.    Hacer una previsión de los gastos y una lista cerrada de las necesidades de compra.
3.    Tener cuidado con el uso de las tarjetas. El gasto vendrá después.
4.    Estudiar los precios en distintos establecimientos y escoger la mejor relación entre calidad y precio.
5.    Conservar siempre la factura o el  ticket de compra, son documentos necesarios para una posible reclamación.
6.    Leer detenidamente las etiquetas.
7.    Si se asiste a cotillones, comprobar que poseen la autorización correspondiente, e informarse de qué ofrecen por el precio de la entrada. Si se observan anomalías, pedir la hoja de reclamaciones.
8.    Elegir los juguetes de acuerdo a la edad  de los niños a quienes van destinados. Aunque normalmente el precio y lo que desee este año el niño es lo que marca la elección del juguete, nunca se debe olvidar que, ante todo, deben ser seguros; y para ello deben llevar la marca CE. Por lo tanto se deben rechazar los juguetes que no lleven esta marca y denunciarlo ante los organismos de consumo.
9.    Comprobar siempre que en el etiquetado del juguete debe figurar el nombre, razón social o marca del producto y la dirección del fabricante o su representante legal o importador. Asegurarse siempre de que existe este etiquetado, y guardar el ticket de compra del juguete, ya que en el caso de que haya algún problema es importante tener estos datos para cualquier reclamación.
10 En el etiquetado también deben de figurar una serie de advertencias cuando sea necesario, como "No es conveniente para niños menores de tres años" " Atención. Utilícese con equipo de protección" o " Atención. Utilizar sólo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo vigilancia". Advertencias que deben aparecer en el etiquetado de los juguetes náuticos, químicos o móviles, como patines etc.
11 Si se adquieren electrodomésticos, telefonía, informática, etc., no olvidar la garantía.



martes, 16 de octubre de 2012

La penalización por incumplimiento de permanencia no lleva IVA

Telefonía: el incumplimiento por un consumidor de su compromiso de permanencia, no está gravado con IVA.

Parece mentira que a estas alturas las asociaciones de consumidores tengamos que salir al paso de actuaciones como ésta. Pero lo cierto es que las operadoras (algunas, al menos, como Vodafone) siguen reclamando a sus clientes el I.V.A. de la penalización por incumplimiento del compromiso de permanencia.

Cuando un consumidor firma un compromiso de permanencia, asume "voluntariamente" no abandonar durante un tiempo esa compañía. Se trata de este modo de hacer rentable para la empresa las promociones con las que atrajo al cliente. Pero la naturaleza jurídica de ese compromiso y de la penalización con que se castiga su incumplimiento es clara. Estamos ante una indemnización por incumplimiento contractual (1.124 del Código Civil). 

Esa cantidad, por lo tanto, no se corresponde en modo alguno con un servicio prestado, que es lo que se carga con el IVA.

Cuando planteamos este tema a las operadoras, sus servicios de atención al cliente nos dicen que paguemos, y que luego reclamemos. Nos consta que muchos usuarios dejan de reclamar por lo engorroso del trámite, con lo que la compañía se embolsa cantidades que no le corresponden, y que suponemos que se ingresan en Hacienda, aunque indebidamente. Y si es así, bien, porque de lo malo malo, Hacienda somos todos. Pero insistimos, esa penalización no lleva IVA. 

Y todo esto ocurre porque no se han cursado las instrucciones oportunas dentro de la operadora sobre la forma correcta de facturar ese cargo.

Y es que además Hacienda lo tiene tan claro que se ha pronunciado expresamente dando respuesta a una Consulta Vinculante: la V1274-11 de 20 de mayo de 2011 (pueden consultarla en la página http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=20037&Consulta=.EN+NUM-CONSULTA+%28V1274-11%29&Pos=0&IP=0&IC=1&UD=1

Y en ella se fija la posición (vinculante, insistimos) de la AEAT al respecto:

"2.- Por otra parte, el concepto de base imponible se regula en el artículo 78 de la Ley de la siguiente manera:

“Uno. La base imponible del Impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras personas”.
Por otra parte, el número 1º del apartado tres de este mismo artículo 78 de la Ley 37/1992 establece que no forman parte de la base imponible del Impuesto, y por, tanto no estarán gravadas por el mismo:
“1º Las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones, distintas de las contempladas en el apartado anterior que, por su naturaleza y función, no constituyan contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al impuesto”.
En consecuencia, las cantidades percibidas por la compañía de telefonía móvil en concepto de indemnización por incumplimiento del contrato al darse de baja el consultante antes de la finalización de su compromiso de permanencia no se incluyen en la base imponible del impuesto dado que, por su naturaleza y función, no constituyen contraprestación o compensación de entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al mismo.
Efectivamente, los pagos en concepto de indemnización que recibe la compañía de telefonía no suponen la realización de ninguna operación sujeta al Impuesto, puesto que no corresponden a ningún acto de consumo. No procede, en tales circunstancias, realizar ningún acto de repercusión tributaria, dada la naturaleza indemnizatoria de los pagos en cuestión."

Más claro, imposible.

UCE participa en los objetivos de la Cumbre Social de Castilla y León.



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Declaración de la Cumbre Social de Castilla y León.

Cuando en la segunda mitad de 2008, la economía productiva de Estados Unidos y Europa se empieza a contagiar del enorme fraude iniciado en el sistema bancario norteamericano con la emisión de unos sofisticados productos financieros por valor de billones de dólares, los dirigentes políticos europeos no se pusieron de acuerdo sobre el impacto de la crisis. Unos negaron reiteradamente que la crisis financiera llegara a adquirir la dimensión de crisis económica y productiva internacional; otros agitaron en sus respectivos países el deterioro de los grandes indicadores macroeconómicos para arremeter contra sus adversarios políticos en el Gobierno y acusarles de incapacidad e insolvencia. Reclamaron desde la oposición las conquistas del Estado de bienestar y proclamaron solemnemente su compromiso con los derechos sociales y laborales.

Unos y otros desoyeron las iniciativas de voces autorizadas de la economía y fundamentalmente del movimiento sindical y de otros agentes sociales, alertando sobre las consecuencias de la burbuja inmobiliaria, exigiendo otra política para salir de la crisis y medidas para la reactivación económica, el empleo y la cohesión social. Después de vagas promesas de inversión pública dirigida a activar la creación de empleo, los mandatarios de todo el mundo abrazaron la misma política que había provocado la crisis: fuerte desregulación de derechos, incompatibilidad entre el Estado social y el equilibrio de las cuentas públicas, y máxima prioridad para contener el déficit en el menor tiempo posible. Tras cuatro años de liberalismo en estado puro el resultado no admite dudas: más crisis, más recesión, más desempleo, menos cohesión social, menos Estado e incremento sostenido de la injusticia y la exclusión social, incrementando las ya de por si elevadas tasas de pobreza existentes en épocas de bonanza.

La política y la democracia empezaron a ser derrotadas por la economía especulativa y los mercados financieros. Las propias entidades financieras que han sido causantes en buena medida de esta situación por la realización de prácticas carentes de ética, han necesitado de recursos públicos para su saneamiento, que han sido detraídos de la inversión del país de un mas que perjudicial rescate bancario, lo que ha ocasionado la socialización de sus pérdidas, mientras quienes fueron responsables de estas prácticas resultan indemnes de esta situación que es catastrófica para la ciudadanía.
En España, la situación se nos antoja paradigmática. Los que gobernaron ayer acabaron asumiendo “por responsabilidad” los postulados del neoliberalismo. Los que lo hacen hoy ganaron las elecciones con un programa y gobiernan con otro. Un descarnado ejercicio de fraude democrático que en el caso del Gobierno parece no tener límites. En poco más de seis meses ha acabado con la arquitectura del derecho laboral que surgió de la transición democrática; hace más difícil la vida a las personas en paro; empobrece a la inmensa mayoría de personas asalariadas y pensionistas; se muestra hostil con la inmigración; niega el presente y el futuro de los jóvenes; amplia la desigualdad entre hombres y mujeres; ningunea la investigación y la ciencia; abandona a las personas dependientes y a quienes les atienden; arrincona la cultura; deteriora los servicios públicos y asesta un duro golpe a la educación y sanidad públicas, a los servicios sociales y la atención a la dependencia; exhibe una voluntad enfermiza de perseguir a los sindicatos y a todas las organizaciones que discrepan abiertamente de los recortes sociales; se obsesiona con el déficit; olvida la inversión pública, la actividad económica y el empleo; camina inexorablemente hacia los 6 millones de parados a finales de 2012. Y todo ello para tratar de encontrar la confianza de los mercados financieros y de la Unión Europea, que no solo no logra, sino que recibe a cambio humillación y desprecio.

La crisis ha incrementado la pobreza y las desigualdades sociales. En España, ya en 2010, con datos de EUROSTAT, contábamos con la mayor desigualdad de rentas entre ricos y pobres de toda la UE-15 y de toda la zona euro. Ello es en buena medida consecuencia de un injusto sistema tributario, caracterizado por su regresividad, la descontrolada carrera por la bajada de impuestos y las políticas de ajuste para la reducción del gasto público, y en particular, del gasto social, que es el que está llamado a asegurar la protección y la cohesión social y cuya reducción supone además una injustificada pérdida de recursos para la sociedad. 
En 2011, también con datos de EUROSTAT, el gasto público de España era un 5,8% del PIB inferior al de la zona euro de la que formamos parte (el equivalente a unos 62.000 millones de euros menos); en cambio, nuestros ingresos públicos eran un 10,2% del PIB inferiores al promedio de la zona euro, el equivalente a casi 110.000 millones de euros menos (más de 11,2 veces el presupuesto de la Junta de Castilla y León para este año).

Esta situación afecta particularmente al gasto social que, al contrario que se pretende en ocasiones hacer creer, nunca ha sido particularmente elevado en España: ya en 2010, antes del grueso de los recortes, el gasto en protección social (que incluye pensiones, discapacidad, desempleo, exclusión social) en España era del 16,9% del PIB, por el 20,5% en el promedio de la zona euro; el gasto en sanidad y en educación, prácticamente en su totalidad provisto por las Comunidades Autónomas, era del 6,5% y el 4,9% del PIB, respectivamente, en España, por el 7,5% y el 5,1% en el promedio de la zona euro. Todos estos datos se han agravado en 2012, con el repunte de la crisis y de los recortes, y se prevé que sigan agravándose en años venideros, con la cronificación de la misma. Este empeoramiento no se da en igual medida en todas las comunidades autónomas y cada día crecen las diferencias en las condiciones de vida y en los servicios básicos recibidos, dependiendo de dónde se viva.

Castilla y León no es ajena a esta realidad. Aun sin obviar los avances obtenidos en el reconocimiento de derechos y en la consolidación de algunas prestaciones, hay que destacar que en solo tres años, el gasto público de la Junta ha pasado de representar el 19,29% del PIB de la Comunidad al 16,98%; esto es, un deterioro de más de 1.300 M€, que alcanzaría casi 1.750 millones de euros (casi el equivalente a toda la economía de la provincia de Soria o a todo el presupuesto de nuestra Comunidad en Educación) si se excluye del cálculo el pago de los intereses de la deuda. Esto ha llevado a un grave deterioro de la financiación de políticas como las infraestructuras, el empleo, el desarrollo rural, la vivienda, el medio ambiente, la cultura y, en general, la inversión pública, con un enorme coste en términos de empleo. También ha llevado a una notable reducción del presupuesto de los servicios públicos básicos: desde 2010, el gasto autonómico en Educación ha pasado del 3,90% al 3,33% del PIB; muy lejos del 4,6% del PIB en el conjunto del estado y más alejado aún de la media de la OCDE situado en el 5,4% el de Servicios Sociales ha caído del 1,31% al 1,16%; y el de Atención Sanitaria Primaria se ha reducido del 2,44% al 2,12%. No obstante, todos estos recortes no han hecho más que empezar, si continúan las políticas de austeridad extrema y se cumplen las previsiones macroeconómicas de los principales organismos internacionales para los próximos años. Descapitalizar los servicios públicos nunca mejorará sus resultados ni su calidad.
Defendemos unos servicios públicos, eficaces y eficientes, con capacidad para la gestión de las pensiones, la prestación por desempleo, la sanidad, la educación, los servicios sociales y, en particular, la atención a la dependencia, el transporte, la vivienda, la seguridad pública, la promoción de la cultura, la cooperación para el desarrollo, y los servicios de agua, gas y energía, como fundamento de una sociedad más democrática, más igualitaria y más libre, en pueblos y ciudades, basada en la justicia distributiva y la universalidad, en la que las empleadas y empleados públicos resultan imprescindibles. En España, según datos de la OIT, el empleo público representa el 8% de la población adulta, sensiblemente por debajo del resto de países europeos para los que existen datos comparables: Alemania (8,5%), Francia (13%), Finlandia (15,1%), Dinamarca (21%) o Reino Unido (12,3%). Las medidas de ajuste, contención del gasto público y tasas de reposición muy restrictivas están provocando un mayor deterioro y destrucción del empleo público. Por ello, rechazamos medidas encaminadas a reducir la presencia y protagonismo de los servicios públicos en nuestra sociedad y consideramos imprescindible que se lleven a cabo reformas fiscales que permitan obtener ingresos suficientes mediante el incremento de la progresividad para una mayor justicia fiscal, así como mediante la decidida persecución del fraude fiscal.
Ha llegado el momento de decir basta. Así lo demuestran miles de ciudadanos y
ciudadanas que salen a la calle en distintos puntos del país -quizás por primera vez en mucho tiempo- para defender sus derechos. El pasado 19 de julio fueron millones de personas las que llenaron las calles de España para rechazar los recortes del Ejecutivo de Rajoy. Y en agosto hemos continuado con la movilización.
No vamos a parar. En septiembre, las organizaciones que hemos participado en la
Cumbre Social nos proponemos intensificar la movilización social y democrática para hacerla más contundente y masiva. Recurriremos a todos los instrumentos que la Constitución pone en nuestras manos y expresaremos el firme rechazo de la mayoría de la sociedad a unas medidas que arruinan la economía, contraen el consumo y quiebran el modelo de convivencia de los últimos 35 años.

EL 15 DE SEPTIEMBRE CENTENARES DE MILES DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS MARCHAREMOS A MADRID DESDE TODOS LOS RINCONES DE LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA PARA DECIR NO A TANTA INJUSTICIA.

De inmediato emplazaremos al Gobierno a que no prolongue ni profundice una política tan ineficaz como injusta y convoque un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre las medidas aprobadas. SI NO LO HICIERA, SEREMOS LAS ORGANIZACIONES DE LA CUMBRE SOCIAL LAS QUE LLEVEMOS A CABO LA CONVOCATORIA DE UNA CONSULTA POPULAR Y CON EL RESULTADO DE LA MISMA ACTUAR EN CONSECUENCIA. ASÍ NO SE PUEDE SEGUIR.

Valladolid, 5 de septiembre de 2012

domingo, 8 de abril de 2012