En marzo se presentarán las primeras demandas judiciales para pedir la nulidad de los contratos de compra de participaciones preferentes.
Como es sabido las participaciones preferentes son un producto financiero de alto riesgo que ha venido siendo comercializado por casi todas las entidades financieras anunciándose como similares a los depósitos a plazos pero en las que la recuperación de la inversión requiere el cumplimiento de condiciones onerosas de las que no se informó adecuadamente a los clientes: pueden venderse pero el producto quedaría muy devaluado.
Una vez más nos encontramos ante productos colocados gracias a una información engañosa, en lo que ya viene siendo una larga cola de escándalos (AFINSA, FORUM, GESCARTERA, etc…) cuyos paganos son siempre los consumidores y que revela la práctica desaparición de los reguladores del mercado y la insuficiencia de las leyes de protección a los consumidores.
Las familias afectadas alcanzan casi el millón, por lo que se están dando los primeros pasos para organizar demandas colectivas contra os Bancos y antiguas Cajas de Ahorros que los han comercializado.
Los contratos podrían ser anulados judicialmente por vicio en el consentimiento (toda vez que hubo dolo: es decir, el uso de palabras o maquinaciones insidiosas por parte de uno de los contratantes para inducir a otro a celebrar un contrato que de otro modo no habría celebrado).
En este caso, las partes habrían de restituirse sus prestaciones, es decir, que el cliente recuperaría lo invertido, y tendría derecho a una indemnización de daños y perjuicios.
El pasado día 24 de febrero se celebró en Burgos un encuentro de ADICAE con los afectados de la capital. La concurrencia fue tan numerosa (lo que permite concluir que el número de afectados en Burgos supera los 3000) que el lugar escogido para el encuentro se quedó pequeño.
Además de las acciones judiciales, existe la posibilidad de esperar al canje por acciones o por bonos convertibles. La Banca va a ofrecer esta alternativa en parte obligada por la normativa europea.
No obstante, las asociaciones de consumidores no aconsejamos esta solución, ya que en definitiva transforma lo que se contrató como producto de ahorro en una inversión de riesgo. Se trata en definitiva de un producto diverso aquel que se había contratado; algo a lo que el consumidor no puede ser obligado. Incluso la propia CNMV recela de esta posibilidad, por lo que desde la UNIÓN DE CONSUMIDORES DE BURGOS, UCE-BURGOS reclamamos una mayor implicación de las autoridades de Consumo.
