UCE participa en los objetivos de la Cumbre Social de Castilla y León.

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Declaración de la Cumbre Social de Castilla y León. Cuando en la segunda mitad de 2008, la economía productiva de Estados Unidos y Europa se empieza a contagiar del enorme fraude iniciado en el sistema bancario norteamericano con la emisión de unos sofisticados productos financieros por valor de billones de dólares, los dirigentes políticos europeos no se pusieron de acuerdo sobre el impacto de la crisis. Unos negaron reiteradamente que la crisis financiera llegara a adquirir la dimensión de crisis económica y productiva internacional; otros agitaron en sus respectivos países el deterioro de los grandes indicadores macroeconómicos para arremeter contra sus adversarios políticos en el Gobierno y acusarles de incapacidad e insolvencia. Reclamaron desde la oposición las conquistas del Estado de bienestar y proclamaron solemnemente su compromiso con los derechos sociales y laborales. Unos y otros desoyeron las iniciativas de voces autorizadas de la economía y fundamentalmente del movimiento sindical y de otros agentes sociales, alertando sobre las consecuencias de la burbuja inmobiliaria, exigiendo otra política para salir de la crisis y medidas para la reactivación económica, el empleo y la cohesión social. Después de vagas promesas de inversión pública dirigida a activar la creación de empleo, los mandatarios de todo el mundo abrazaron la misma política que había provocado la crisis: fuerte desregulación de derechos, incompatibilidad entre el Estado social y el equilibrio de las cuentas públicas, y máxima prioridad para contener el déficit en el menor tiempo posible. Tras cuatro años de liberalismo en estado puro el resultado no admite dudas: más crisis, más recesión, más desempleo, menos cohesión social, menos Estado e incremento sostenido de la injusticia y la exclusión social, incrementando las ya de por si elevadas tasas de pobreza existentes en épocas de bonanza. La política y la democracia empezaron a ser derrotadas por la economía especulativa y los mercados financieros. Las propias entidades financieras que han sido causantes en buena medida de esta situación por la realización de prácticas carentes de ética, han necesitado de recursos públicos para su saneamiento, que han sido detraídos de la inversión del país de un mas que perjudicial rescate bancario, lo que ha ocasionado la socialización de sus pérdidas, mientras quienes fueron responsables de estas prácticas resultan indemnes de esta situación que es catastrófica para la ciudadanía. En España, la situación se nos antoja paradigmática. Los que gobernaron ayer acabaron asumiendo “por responsabilidad” los postulados del neoliberalismo. Los que lo hacen hoy ganaron las elecciones con un programa y gobiernan con otro. Un descarnado ejercicio de fraude democrático que en el caso del Gobierno parece no tener límites. En poco más de seis meses ha acabado con la arquitectura del derecho laboral que surgió de la transición democrática; hace más difícil la vida a las personas en paro; empobrece a la inmensa mayoría de personas asalariadas y pensionistas; se muestra hostil con la inmigración; niega el presente y el futuro de los jóvenes; amplia la desigualdad entre hombres y mujeres; ningunea la investigación y la ciencia; abandona a las personas dependientes y a quienes les atienden; arrincona la cultura; deteriora los servicios públicos y asesta un duro golpe a la educación y sanidad públicas, a los servicios sociales y la atención a la dependencia; exhibe una voluntad enfermiza de perseguir a los sindicatos y a todas las organizaciones que discrepan abiertamente de los recortes sociales; se obsesiona con el déficit; olvida la inversión pública, la actividad económica y el empleo; camina inexorablemente hacia los 6 millones de parados a finales de 2012. Y todo ello para tratar de encontrar la confianza de los mercados financieros y de la Unión Europea, que no solo no logra, sino que recibe a cambio humillación y desprecio. La crisis ha incrementado la pobreza y las desigualdades sociales. En España, ya en 2010, con datos de EUROSTAT, contábamos con la mayor desigualdad de rentas entre ricos y pobres de toda la UE-15 y de toda la zona euro. Ello es en buena medida consecuencia de un injusto sistema tributario, caracterizado por su regresividad, la descontrolada carrera por la bajada de impuestos y las políticas de ajuste para la reducción del gasto público, y en particular, del gasto social, que es el que está llamado a asegurar la protección y la cohesión social y cuya reducción supone además una injustificada pérdida de recursos para la sociedad.  En 2011, también con datos de EUROSTAT, el gasto público de España era un 5,8% del PIB inferior al de la zona euro de la que formamos parte (el equivalente a unos 62.000 millones de euros menos); en cambio, nuestros ingresos públicos eran un 10,2% del PIB inferiores al promedio de la zona euro, el equivalente a casi 110.000 millones de euros menos (más de 11,2 veces el presupuesto de la Junta de Castilla y León para este año). Esta situación afecta particularmente al gasto social que, al contrario que se pretende en ocasiones hacer creer, nunca ha sido particularmente elevado en España: ya en 2010, antes del grueso de los recortes, el gasto en protección social (que incluye pensiones, discapacidad, desempleo, exclusión social) en España era del 16,9% del PIB, por el 20,5% en el promedio de la zona euro; el gasto en sanidad y en educación, prácticamente en su totalidad provisto por las Comunidades Autónomas, era del 6,5% y el 4,9% del PIB, respectivamente, en España, por el 7,5% y el 5,1% en el promedio de la zona euro. Todos estos datos se han agravado en 2012, con el repunte de la crisis y de los recortes, y se prevé que sigan agravándose en años venideros, con la cronificación de la misma. Este empeoramiento no se da en igual medida en todas las comunidades autónomas y cada día crecen las diferencias en las condiciones de vida y en los servicios básicos recibidos, dependiendo de dónde se viva. Castilla y León no es ajena a esta realidad. Aun sin obviar los avances obtenidos en el reconocimiento de derechos y en la consolidación de algunas prestaciones, hay que destacar que en solo tres años, el gasto público de la Junta ha pasado de representar el 19,29% del PIB de la Comunidad al 16,98%; esto es, un deterioro de más de 1.300 M€, que alcanzaría casi 1.750 millones de euros (casi el equivalente a toda la economía de la provincia de Soria o a todo el presupuesto de nuestra Comunidad en Educación) si se excluye del cálculo el pago de los intereses de la deuda. Esto ha llevado a un grave deterioro de la financiación de políticas como las infraestructuras, el empleo, el desarrollo rural, la vivienda, el medio ambiente, la cultura y, en general, la inversión pública, con un enorme coste en términos de empleo. También ha llevado a una notable reducción del presupuesto de los servicios públicos básicos: desde 2010, el gasto autonómico en Educación ha pasado del 3,90% al 3,33% del PIB; muy lejos del 4,6% del PIB en el conjunto del estado y más alejado aún de la media de la OCDE situado en el 5,4% el de Servicios Sociales ha caído del 1,31% al 1,16%; y el de Atención Sanitaria Primaria se ha reducido del 2,44% al 2,12%. No obstante, todos estos recortes no han hecho más que empezar, si continúan las políticas de austeridad extrema y se cumplen las previsiones macroeconómicas de los principales organismos internacionales para los próximos años. Descapitalizar los servicios públicos nunca mejorará sus resultados ni su calidad. Defendemos unos servicios públicos, eficaces y eficientes, con capacidad para la gestión de las pensiones, la prestación por desempleo, la sanidad, la educación, los servicios sociales y, en particular, la atención a la dependencia, el transporte, la vivienda, la seguridad pública, la promoción de la cultura, la cooperación para el desarrollo, y los servicios de agua, gas y energía, como fundamento de una sociedad más democrática, más igualitaria y más libre, en pueblos y ciudades, basada en la justicia distributiva y la universalidad, en la que las empleadas y empleados públicos resultan imprescindibles. En España, según datos de la OIT, el empleo público representa el 8% de la población adulta, sensiblemente por debajo del resto de países europeos para los que existen datos comparables: Alemania (8,5%), Francia (13%), Finlandia (15,1%), Dinamarca (21%) o Reino Unido (12,3%). Las medidas de ajuste, contención del gasto público y tasas de reposición muy restrictivas están provocando un mayor deterioro y destrucción del empleo público. Por ello, rechazamos medidas encaminadas a reducir la presencia y protagonismo de los servicios públicos en nuestra sociedad y consideramos imprescindible que se lleven a cabo reformas fiscales que permitan obtener ingresos suficientes mediante el incremento de la progresividad para una mayor justicia fiscal, así como mediante la decidida persecución del fraude fiscal. Ha llegado el momento de decir basta. Así lo demuestran miles de ciudadanos y ciudadanas que salen a la calle en distintos puntos del país -quizás por primera vez en mucho tiempo- para defender sus derechos. El pasado 19 de julio fueron millones de personas las que llenaron las calles de España para rechazar los recortes del Ejecutivo de Rajoy. Y en agosto hemos continuado con la movilización. No vamos a parar. En septiembre, las organizaciones que hemos participado en la Cumbre Social nos proponemos intensificar la movilización social y democrática para hacerla más contundente y masiva. Recurriremos a todos los instrumentos que la Constitución pone en nuestras manos y expresaremos el firme rechazo de la mayoría de la sociedad a unas medidas que arruinan la economía, contraen el consumo y quiebran el modelo de convivencia de los últimos 35 años. EL 15 DE SEPTIEMBRE CENTENARES DE MILES DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS MARCHAREMOS A MADRID DESDE TODOS LOS RINCONES DE LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA PARA DECIR NO A TANTA INJUSTICIA. De inmediato emplazaremos al Gobierno a que no prolongue ni profundice una política tan ineficaz como injusta y convoque un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre las medidas aprobadas. SI NO LO HICIERA, SEREMOS LAS ORGANIZACIONES DE LA CUMBRE SOCIAL LAS QUE LLEVEMOS A CABO LA CONVOCATORIA DE UNA CONSULTA POPULAR Y CON EL RESULTADO DE LA MISMA ACTUAR EN CONSECUENCIA. ASÍ NO SE PUEDE SEGUIR. Valladolid, 5 de septiembre de 2012